EL PSOE de San Fernando de Henares, a través de su portavoz municipal, Manuel González Rojo, denuncia el grave perjuicio que el gobierno de la Comunidad de Madrid está ocasionando a las políticas de alquiler y vivienda protegida.
“La reciente Orden de Precios del 1 de abril de la Consejería de la Vivienda de Madrid, supone un claro freno al desarrollo de la vivienda protegida y de alquiler, y una contradicción a los acuerdos en su momento alcanzados por el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero”.
“Como ejemplo, decir que, con la nueva Orden, sólo en nuestro Municipio y para una vivienda protegida de alquiler de 55 m2 útiles, el pago mensual por arrendamiento pasaría de 347 € a 540 €, casi 200 € más que tendría que asumir el ciudadano”.
“Desde el PSOE, exigimos su derogación y la publicación de una nueva Orden de Precios, fruto del consenso entre la Federación de Municipios de Madrid y los Ayuntamientos afectados. La vivienda no es un lujo, sino una necesidad, y ese es el principio que defendemos”, declaró Manuel González Rojo.
El pasado 1 de abril, la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid aprobó la Orden de Precios 16/2008, por la que se adecuan y adaptan los precios máximos de venta y arrendamiento de las viviendas con protección.
La aprobación de esta Orden supone una falacia, puesto que bajo el pretexto de adecuar los actuales precios a los del Ministerio de la Vivienda con el objetivo de favorecer la construcción de pisos asequibles, se oculta una política errática en materia de vivienda, de la que el Gobierno de Esperanza Aguirre es el único responsable.
Una política de vivienda que, previsiblemente, no sólo no equilibrará el mercado de la construcción, sino que además, en estos momentos de desaceleración económica en que el Gobierno central se ha propuesto favorecer el acceso a la vivienda - con medidas como la revisión de hipotecas, entre otras - va a resultar altamente perjudicial para miles de ciudadanos madrileños.
La Comunidad de Madrid es la única que, al contrario de lo que ocurre con el resto de Comunidades Autónomas del Estado español, no revisa los precios de la vivienda protegida anualmente.
Sólo como ejemplo, en lo que se refiera a vivienda protegida y para los Municipios de Alcalá, Alcorcón, Coslada, San Fernando de Henares, Getafe, Fuenlabrada y Móstoles, esta irregular situación tiene como inmediata consecuencia un incremento para el ciudadano de casi un 25% en la compra de vivienda protegida.
Respecto al impacto de esta medida en la vivienda de alquiler, las consecuencias son más graves aún si cabe. Así, una vivienda protegida de 55 m2/útiles (con garaje y trastero) en el Municipio de San Fernando de Henares, el precio de alquiler pasaría de los actuales 347 € mensuales a 540 €, casi 200 € más que tendría que asumir el ciudadano de su bolsillo.
Con esta medida y de un plumazo, el Gobierno de Esperanza Aguirre está destruyendo las políticas de alquiler y anulando como consecuencia el efecto de la Renta Básica de Emancipación implantada por el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, dejando ahora como beneficiarlos del incremento en el precio de alquiler a los propios promotores.
Por todo ello, el PSOE de San Fernando de Henares exige derogar la Orden de 1 de Abril de la Consejería de Vivienda por una nueva Orden de Precios para vivienda protegida, fruto del consenso con la Federación de Municipios de Madrid y de los Ayuntamientos afectados.
Adicionalmente, y con carácter de urgencia, introducir una disposición transitoria que mantenga los precios de las viviendas protegidas actualmente vigentes en los desarrollos urbanísticos ya comprometidos, en los que existe una importante presencia de esta modalidad de vivienda.
En definitiva, se pretende poner en marcha las iniciativas que en materia de vivienda propuso el Secretario General del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, a Esperanza Aguirre el pasado mes de agosto, y que la Presidenta Regional se niega a asumir.
Estas iniciativas supondrán la implantación de un Plan de Vivienda racional, que beneficie a las cerca de 150.000 familias que demandan una vivienda a precios asequibles, con una oferta heterogénea en las distintas tipologías de vivienda protegida, así como la construcción de un importante parque público de 50.000 viviendas en alquiler con precios no superiores a los 300 € al mes.
La vivienda no es un lujo, sino una necesidad. Ese es el principio que desde el PSOE defendemos, y por el que lucharemos.
“La reciente Orden de Precios del 1 de abril de la Consejería de la Vivienda de Madrid, supone un claro freno al desarrollo de la vivienda protegida y de alquiler, y una contradicción a los acuerdos en su momento alcanzados por el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero”.
“Como ejemplo, decir que, con la nueva Orden, sólo en nuestro Municipio y para una vivienda protegida de alquiler de 55 m2 útiles, el pago mensual por arrendamiento pasaría de 347 € a 540 €, casi 200 € más que tendría que asumir el ciudadano”.
“Desde el PSOE, exigimos su derogación y la publicación de una nueva Orden de Precios, fruto del consenso entre la Federación de Municipios de Madrid y los Ayuntamientos afectados. La vivienda no es un lujo, sino una necesidad, y ese es el principio que defendemos”, declaró Manuel González Rojo.
El pasado 1 de abril, la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid aprobó la Orden de Precios 16/2008, por la que se adecuan y adaptan los precios máximos de venta y arrendamiento de las viviendas con protección.
La aprobación de esta Orden supone una falacia, puesto que bajo el pretexto de adecuar los actuales precios a los del Ministerio de la Vivienda con el objetivo de favorecer la construcción de pisos asequibles, se oculta una política errática en materia de vivienda, de la que el Gobierno de Esperanza Aguirre es el único responsable.
Una política de vivienda que, previsiblemente, no sólo no equilibrará el mercado de la construcción, sino que además, en estos momentos de desaceleración económica en que el Gobierno central se ha propuesto favorecer el acceso a la vivienda - con medidas como la revisión de hipotecas, entre otras - va a resultar altamente perjudicial para miles de ciudadanos madrileños.
La Comunidad de Madrid es la única que, al contrario de lo que ocurre con el resto de Comunidades Autónomas del Estado español, no revisa los precios de la vivienda protegida anualmente.
Sólo como ejemplo, en lo que se refiera a vivienda protegida y para los Municipios de Alcalá, Alcorcón, Coslada, San Fernando de Henares, Getafe, Fuenlabrada y Móstoles, esta irregular situación tiene como inmediata consecuencia un incremento para el ciudadano de casi un 25% en la compra de vivienda protegida.
Respecto al impacto de esta medida en la vivienda de alquiler, las consecuencias son más graves aún si cabe. Así, una vivienda protegida de 55 m2/útiles (con garaje y trastero) en el Municipio de San Fernando de Henares, el precio de alquiler pasaría de los actuales 347 € mensuales a 540 €, casi 200 € más que tendría que asumir el ciudadano de su bolsillo.
Con esta medida y de un plumazo, el Gobierno de Esperanza Aguirre está destruyendo las políticas de alquiler y anulando como consecuencia el efecto de la Renta Básica de Emancipación implantada por el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, dejando ahora como beneficiarlos del incremento en el precio de alquiler a los propios promotores.
Por todo ello, el PSOE de San Fernando de Henares exige derogar la Orden de 1 de Abril de la Consejería de Vivienda por una nueva Orden de Precios para vivienda protegida, fruto del consenso con la Federación de Municipios de Madrid y de los Ayuntamientos afectados.
Adicionalmente, y con carácter de urgencia, introducir una disposición transitoria que mantenga los precios de las viviendas protegidas actualmente vigentes en los desarrollos urbanísticos ya comprometidos, en los que existe una importante presencia de esta modalidad de vivienda.
En definitiva, se pretende poner en marcha las iniciativas que en materia de vivienda propuso el Secretario General del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, a Esperanza Aguirre el pasado mes de agosto, y que la Presidenta Regional se niega a asumir.
Estas iniciativas supondrán la implantación de un Plan de Vivienda racional, que beneficie a las cerca de 150.000 familias que demandan una vivienda a precios asequibles, con una oferta heterogénea en las distintas tipologías de vivienda protegida, así como la construcción de un importante parque público de 50.000 viviendas en alquiler con precios no superiores a los 300 € al mes.
La vivienda no es un lujo, sino una necesidad. Ese es el principio que desde el PSOE defendemos, y por el que lucharemos.
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